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Nunca una zona verde salió tan cara a un Ayuntamiento. Y es que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dictado en una sentencia que el Ayuntamiento de Talavera debe pagar 54 millones de euros a una constructora local, Ucota, por un solar que en 1997 se recalificó como zona verde cuando gobernaba en el municipio Florentino Carriches, del Partido Popular.
Con semblante serio y acompañado por cuatro concejales del equipo de gobierno socialista, el alcalde de Talavera, Francisco Rivas ha comparecido para dar a conocer la noticia y calificar la sentencia de "desproporcionada".
El primer edil ha explicado los antecedentes de una sentencia que será recurrida ante el Tribunal Supremo. Y es que, de hacerse efectiva, equivaldría a pagar por ese terreno de 2.675 metros cuadrados, situados junto a las vías del tren, una cantidad similar al presupuesto municipal de todo el año.
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